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October 17, 2016

GASTO PÚBLICO EN MÉXICO ¿ EFICIENTE?

 Introducción

Al cierre del primer semestre de 2015, la deuda pública de México había llegado a 44% del PIB (según la SHCP en el informe de finanzas públicas y deuda pública al segundo trimestre), esto fue superior a los 7.5 billones de pesos mexicanos, cantidad que representa un poco más del valor total del PIB de Noruega (esto al cambio actual de $19.27 pesos por dólar).[1]

Noruega es un país de 5 millones de habitantes y 74,822 dólares per cápita según el Fondo Monetario Internacional. [2] Esto significa que a lo largo del tiempo, México se ha endeudado tanto que al momento podría entregar un pago de  $1,442,000 pesos a 5 millones de mexicanos y sobraría.

Con el nivel de deuda que México tiene hoy, se estima que cada trabajador mexicano debe más de $160,000 pesos y cada bebé que nace ya debe más de 70,000 pesos.

 El Gasto público en México ¿Qué observamos?

El problema de fondo es el pensamiento de que hay posibilidad infinita de crecimiento del Estado, sea interviniendo en diversas actividades, subsidiando nuevos grupos de personas o financiando proyectos de las más diversas índoles. Este pensamiento ha llevado históricamente al colapso de economías y hasta de gobiernos primero por el descuido en las cuentas públicas que llevan a crisis de deuda o hiperinflaciones. El descuido en materia hacendaria ha sido tan  claro a lo largo de la historia mexicana, cómo en1976, 1982 o 1995, lo cual nos debe advertir sobre el mal manejo de las cuentas públicas, el cual empieza por el presupuesto.

El descuido y el empecinamiento de patear la pelota al gobierno siguiente, para que el siguiente trate de arreglarlo cosméticamente han traído diversas políticas fiscales que debilitan el crecimiento y alteran las expectativas de recaudación, haciendo todavía más complicado el buen manejo de las cuentas públicas.

Se ha hablado continuamente de que al Estado lo financia la clase media, esto a menudo con razón. El 87.40% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta es aportado por los dos últimos deciles (clase media) es decir, aquellos hogares que tienen un ingreso mensual menor a $18,468, además, según Caminos de la Libertad sólo el 19.67% de la población del país paga el ISR.[3]

Desde el 2000 durante la administración del Presidente Vicente Fox, se ha intentado integrar a pequeños comerciantes al régimen fiscal con diferentes iniciativas. Desde el régimen fiscal para “changarros”, hasta el Régimen de Incorporación Fiscal actual, los gobiernos han buscado integrar nuevos bloques de contribuyentes para aumentar el caudal del presupuesto. Y siendo el bolsillo el órgano más sensible del cuerpo, parafraseando a Juan Perón, la deuda pública ha sido la aportación más conveniente, pues no reacciona a la presión fiscal en aumento, como sí lo hacen los contribuyentes.

Por ejemplo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016 se erogaron $85,260,364,975 pesos para el desarrollo de pueblos y comunidades indígenas. Esto significa que a cada uno de los 12,402,950 indígenas en México, incluyendo niños y niñas, se les le hubiera podido asignado $6,874 pesos por persona al año. En ELEGIR estamos convencidos que los recursos en manos de las personas rinden mejor que en manos del gobierno.

Puesto que este presupuesto está repartido entre varias secretarías cada una con sus diferentes programas, es difícil establecer una relación entre el costo beneficio y la efectividad de estos programas. Las políticas en pro del desarrollo de los pueblos indígenas existen en México desde 1920 y  una variante de género desde 1980. Si se calculara el monto total de gasto a través de los últimos sexenios en esta clase de programas y se comparara con un estudio del desarrollo de este grupo de la población quizá podríamos evaluar si el gasto ha sido eficiente y ha cumplido con el objetivo de política pública por el que fue creado. [4]

Javier Bonilla nos advertía esto en 2003:

Si el gobierno le quisiera dar un salario mínimo por familia a la mitad de la población, esto costaría sólo 10% del presupuesto federal. En lugar de ello el gobierno gasta cinco veces esa cantidad en “gasto social” y los pobres siguen ahí. ¿Sabe por qué? Porque el gasto se queda atrapado en el aparato federal. Hacer mejor gobierno es hacer menos gobierno, no más. Y hacer menos gobierno es dar pagos directos en lugar de hacer crecer una burocracia que, a pesar de las mejores intenciones, en poco ayuda a quienes menos tienen. Hacer transferencias monetarias directas “para que les alcance” no sólo ayuda efectivamente a la población, reduce el crimen y mejora la percepción de la justicia de la sociedad.[5]

Con datos de esa época:

  • Un salario mínimo anual = 14 mil pesos
  • 50 millones de mexicanos en familias de 5 = 10 millones de pagos
  • 10 millones de pagos de 14 mil pesos = 140 MMP

140 MMP / 1.46 BP menos del 10 por ciento del Gasto Público Total

Otro ejemplo, en 2016 se erogaron $8,063,111.00 de pesos en el Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental, un programa con connotaciones ideológicas muy particulares y que atiende a sectores como organizaciones de la sociedad civil con agendas específicas, por ejemplo. [6]

Más que cuestionar esta clase de planes y sus fundamentos en categorías tan abiertas como la “igualdad de oportunidades” o la “no discriminación”, evaluar o tan sólo medir si tales gastos resultan eficientes se ha vuelto una tarea imposible. Todo modelo de medición estará sesgado por la visión política que se le da. La transferencia de recursos a programas temporales es algo vago para poder medirlo correctamente, e identificar si tiene impacto en las políticas públicas y el desarrollo del país.

De acuerdo a un cálculo de José Torra y Adolfo Gutiérrez una persona que al mes gana $8,000, transfiere el 43.2% al presupuesto estatal al mes, es decir $3,456 pesos.  

Esta persona, estaría pagando 18.76 pesos al mes por los programas para la igualdad entre mujeres y hombres que son 0.543% del presupuesto, así como 66.45 pesos por el programa de ciencia, tecnología e innovación que es 1.923% del presupuesto.

Este dinero podría orientarse a expertos y asociaciones en la materia destinados a cumplir metas específicas,  podría generar mayores resultados de los que el gobierno ha puesto en estos programas, eligiendo dónde colocarlo y tener la opción de que en caso de no alcanzar las metas o tener dudas, dejar de financiar ese proyecto en particular y elegir otro que mejor convenga a los intereses de quien dona.

Estos diferentes programas y direcciones parecen derivados de la diferente clientela política de los partidos en el Congreso y/o a nivel Estatal.

El  Estado que compromete su presupuesto en estos programas de atención a grupos particulares se desvía de su función primaria, en vez de existir como un marco que haga más fácil el desarrollo personal a través de asegurar la vida y la propiedad, existe como un agente dedicado a la planificación y alteración del ritmo general del país.

La infraestructura, por el contrario es ventajosa en ese sentido, no fuerza a cambiar sino que introduce cambios y dichos cambios y beneficios son medibles. Una vez que la actividad ha concluido, los beneficios continúan.

La deuda pública, también es estimulada por la construcción irrestricta de infraestructura sin embargo, esta última introduce la posibilidad de medir un elemento de crecimiento que puede ser traducido en mayores recursos. Esto recordando que la inversión en infraestructura es también políticamente capitalizable, pero conducente a poder sanear las finanzas públicas que ahora se deben encontrar iluminadas por una luz amarilla de precaución.

Las bases para reformar el presupuesto y deshacer el entuerto que se ha acumulado son la estabilidad fiscal, la reducción del tamaño del gobierno, la responsabilidad fiscal, la transparencia fiscal y la comunicación fiscal. Mayor visibilidad del gasto implicaría un involucramiento más fácil de la sociedad civil en torno al mismo. Para esto hace falta una reforma fuerte que pueda dar vida unas finanzas públicas más sanas y a un crecimiento mayor.

 Recaudación y gasto

La primera base para una reforma como tal es la estabilidad fiscal, sin duda la más importante, dado que un esquema fiscal estable permite a empresarios un poderoso incentivo de inversión. La mejor forma de sacar de la pobreza a la población es permitir que sus talentos natos o adquiridos florezcan. Los cambios repentinos o arbitrarios merman el potencial en general y acaban con la planeación de los proyectos personales o colectivos.

Impuestos bajos que sean convenientes para quien quiera crecer y tenga que integrarse al sistema impositivo y una simplificación radical del código vigente (sin la necesidad de vivir con documentación innecesaria o auditorías constantes) resultaría clave para poder desarrollar la estabilidad fiscal que permitiera desatascar la economía nacional.

Una de las formas de elevar la recaudación sería a través de la certidumbre fiscal: la credibilidad en el manejo de recursos públicos, que estos sean verificables por fuentes autónomas.

La reducción del tamaño del gobierno, es de plena importancia. La carga que representa un gobierno improductivo a la sociedad mexicana coloca a las empresas mexicanas en una situación compleja, reduciendo su posibilidad de ahorrar y actuar y como vimos antes, acrecienta ciertos riesgos en las finanzas públicas. Será importante evaluar ¿en qué se gasta, como se gasta, y por qué se gasta? Que si bien estas son preguntas sobre el sistema de egresos, y sobre una reforma presupuestal, su análisis significa abordar la Reforma del Estado. En el fondo, la conclusión del debate fiscal refleja diferentes visiones sobre el papel del estado en la sociedad.

El Estado se concibe como el mecanismo institucional de coerción que requiere una sociedad para obligar a las partes involucradas a respetar los términos de intercambio, bajo un clima de paz y seguridad. Si, paralelamente, también abarca funciones adicionales, como distribución del ingreso, la previsión de servicios básicos, o el monopolio en la producción, necesariamente retira una porción de producción de riqueza de otras áreas de la economía. El tamaño de los ingresos es función del tamaño de los egresos, y el tamaño de los egresos es función del tamaño del Estado.

Se incumplen las funciones originales de seguridad en pos de tantas otras más relativas a la reglamentación, confiscación y redistribución fuera de sus facultades correspondientes. La pregunta está en la mesa. ¿Qué clase de Estado queremos?

La responsabilidad fiscal es clave para un desarrollo correcto y armónico de un país. Ejemplos de esto podemos encontrarlos en Nueva Zelanda, Hong Kong, Singapur o Suiza. Países con seriedad fiscal, llevan a tener un buen paraguas contra las crisis, ayudan a no endeudar innecesariamente a su población y contribuyen en la construcción de riqueza proveyendo un marco de estabilidad. La máxima “no gastar más de lo que se tiene” lleva a procesos virtuosos experimentados por países que pueden presumir de ser envidiables económicamente.

La transparencia fiscal muestra que el gasto público es perteneciente al conjunto de contribuyentes. Los servicios recibidos a cambio de esto, sea  seguridad, impartición de justicia, protección de propiedad individual, así como algunos servicios públicos son evaluados día a día por el que los usa. El abuso en el gasto, el uso indebido del fondo público ha llevado a la baja calidad de los servicios. El actual formato de los ejercicios fiscales permite un análisis objetivo y facilita además a los legisladores tomar mejores decisiones.

La tarea vital en materia de mayor transparencia es exigir al proceso político en su totalidad que corrijan los indicadores, así como las metas, la sociedad civil debe indagar en cada suma. Para ello, es necesario que la misma sociedad civil presione y desarrolle mejores instrumentos de investigación.

  1. Referente a la comunicación fiscal, Roberto Salinas León dio en 2003 cuatro ideas para dar paso a un más eficiente proceso presupuestal, basadas en una distinción clave entre un sistema de contabilidad nacional, el cual tiene una misión meramente descriptiva, y un mecanismo de decisión de políticas públicas de “para qué” y “para quién” sirve el gasto público. Algunas ideas de estrategias de comunicación que se podrían seguir parten de la premisa que las cosas sí pueden mejorar en ausencia de una reforma fiscal, al presentar un proyecto de reducción o ahorro del gasto público. Para ello, se podría proponer:Realizar una encuesta nacional sobre lo que la gente piensa del gasto público, que incluya preguntas como las siguientes: ¿para que se usan los impuestos? ¿quiénes se benefician del gasto público? ¿son correctas las prioridades de gasto? ¿en qué se debería gastar el dinero público? ¿cree que el gobierno debería gastar más? ¿cree que el gobierno podría hacer más con el dinero que tiene? Ello le daría “legitimidad” a los lugares comunes de los que habla el proyecto y a la vez daría al gobierno pistas constantes de lo que se podría hacer, mediante todo un mecanismo que aparenta realizarse bajo la idea de un “ejercicio democrático.”

 

  1. Una estrategia de difusión del desperdicio público, haciendo públicos los “casos de horror”, bajo una campaña que sorprenda a la población por la información autocrítica que se presente. La clave aquí es generar el consenso para que sean los propios secretarios y/o funcionarios los que “denuncien” los problemas, bajo la idea que el recurso que administra el gobierno no es del gobierno, sino un monto “prestado” por la población para cumplir con el deber estatal.

 

  1. Una estrategia de difusión que nos hable de un gobierno comprometido con la idea de “gastar mejor con menos.” Ello implica mostrar, con una batería constante de casos, el destino de los ahorros, los ahorros generados por los ajustes internos, así como destacar los ahorros y destinos que se pudieran dar si se realizaran todos los ajustes necesarios, sobre todo en dependencias y programas que hoy generan tanto desperdicios como asignaciones totalmente in equitativas e ineficientes.

 

  1. Una campaña de difusión de la carta de los derechos del contribuyente, que el gobierno nos informe en que gasta y como lo gasta, como parte de la estrategia de rendición de cuentas. Esta carta y los informes deberían llegar junto con carta que envía el SAT en agradecimiento por pagar los impuestos a tiempo.[7]

 

Estos ingredientes para una reforma presupuestal sin adjetivos descansan en la premisa de que el gasto público es del público, no del burócrata. La disputa fiscal sobre los recortes presupuestales, y los debates recurrentes sobre el proyecto de egresos para años venideros, se centra en sólo un tema del sistema fiscal, el apartado de ingresos. El énfasis es siempre sobre más, independientemente de la lesión que ocasione a los derechos de propiedad o a la estabilidad fiscal, no sobre la necesidad de racionalizar el apartado de egresos, de gastar mejor, los cortes son tajantes y dependen de la necesidad política de quien los promueva.

Otro principio, es que cuando alguien gasta dinero que no es suyo en un proyecto que no es suyo, le importará muy poco cuanto se gasta, como se lo gasta y de dónde ha venido.

Una reforma fiscal integral que logre el objetivo de un cambio estructural no puede iniciar ni con mayor presión recaudatoria,  ni sin una atención detallada sobre los egresos. Sólo a partir de estas dos estrategias, se respeta el  principio de que el gasto público es del público. Pedir más se justifica sólo en la medida que el mayor ingreso logre un bienestar comprobable y transparente.

En la actualidad, las tasas de retorno tributario son muy bajas. Los mayores gastos en gasto social, en gasto corriente, en gasto estatal, no reditúan en beneficios observables, ni siquiera en las obligaciones básicas del gobierno, como son la protección de los derechos de propiedad, la seguridad pública, o la paz. Bajo esta óptica, las tasas impositivas que pagamos los causantes mexicanos son de las más altas del mundo, ya que lo que recibimos a cambio representan beneficios bastante inferiores a los que otros ciudadanos, en otros países, toman como un hecho.[8]

El estudio de José Torra y Adolfo Gutiérrez, nos dice que el Día de la Libertad Fiscal, es decir, el día del año en el que dejamos de pagar impuestos es el 7 de junio. En 2016 el gobierno federal confiscará el 43.2% del ingreso de los mexicanos que pagan impuestos. En otras palabras, 158 días del año se trabaja para el gobierno. O si se quiere de otra manera, en una jornada laboral de 9:00 a 17:00 horas, el mexicano trabaja para el gobierno hasta las 12:27 horas, sólo después se trabaja para uno mismo.

[9]

Será importante plantearse una severa reforma hacendaria que selle de una vez por todas los caminos que llevan el estancamiento, a través de la inestabilidad hacia una crisis y que deje florecer a todos aquellos que fomentan el crecimiento. El gasto debe ser traído a la mesa, discutido a fondo por los diferentes sectores de la sociedad civil y evaluada su pertinencia. A lo largo de la historia de las repúblicas han habido aquéllas que han reducido sus secretarías a cuatro, Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa y Hacienda, y aún en esas épocas, Hacienda ha sido todo menos discutida a fondo. Es momento de plantear esa discusión, la deuda crece, los programas y el gasto corriente en general se elevan todos los años y la carga impositiva dificulta el crecimiento económico.

 Deuda Pública[10]

Una de las mayores y más silenciosas amenazas a la economía de millones de familias mexicanas es el nivel creciente de la deuda pública. El gobierno de la República ha logrado que la deuda crezca más rápido que la economía, en eso se llevan medalla de oro.

Para poner en perspectiva, en el 2012, el nivel de deuda pública fue 34.3% como proporción del PIB. Al final de este año se estima que podría ser 48.5% del PIB. Lo más grave es que parece no haber ni estrategia ni voluntad para frenar y revertir este problema.

Algunos expertos advierten que, de seguir esta tendencia de déficit público elevado y bajo crecimiento económico, este año el endeudamiento podría superar 50% del PIB e incluso llegar o rebasar 52% al final del sexenio. De no hacer algo contundente y pronto, este nivel de irresponsabilidad y mal manejo económico puede llevar a México a una crisis como la de 1994-95.

El riesgo es que, al ser un tema desconocido para muchos, la exigencia no va en proporción al tamaño de la amenaza que representa. Al nivel actual, se estima que cada trabajador mexicano debe más de 160,000 pesos. Cada bebé que nace hoy en México ya debe más de 70,000 pesos.

Dejemos de seguir financiando el malgasto, derroche y robo de una clase política que no está dispuesta a ponerse límites si nosotros no lo hacemos.

En pocas palabras, estamos heredando una deuda que nosotros no adquirimos pero que tendremos que pagar sí o sí. Los gobiernos van y vienen, los ciudadanos permanecemos. Ellos gastan y se endeudan (sin dejar de mencionar lo que se roban) y nosotros pagamos todas las facturas. Es hora de ponerles un alto, de lo contrario vamos a vivir y trabajar para pagar.

Es urgente tomar medidas que obliguen a generar soluciones efectivas y que al mismo tiempo ayuden a prevenir que el malgasto, despilfarro y robo desmedido pongan al países en una peor situación económica.

Hoy, el gobierno federal tiene la obligación de destinar mayores recursos públicos para cubrir un mayor costo financiero de la deuda, derivado del crecimiento de la misma y la depreciación del peso frente al dólar. Hoy, los mexicanos tenemos que pagar más pesos por un dólar.

 

#NoMásImpuestos Ni Deuda para un gasto público ineficiente

#NoMásImpuestos Ni Deuda para la Corrupción

 

 

[1] http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union

[2] http://www.imf.org/external/data.htm

[3] *Impuestos, Datos y Hechos. Caminos de la Libertad, 2016, México, México.

[4] *http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf

[5] Pa’ que te Alcance. Bonilla, Javier, El Economista, Mayo 9, 2003, México, México

[6] *http://www.semarnat.gob.mx/apoyos-y-subsidios/historico-de-apoyos-y-subsidios/igualdad-de-genero-y-sustentabilidad-

[7] *El mito del “gasto social”: Transformación presupuestal sin adjetivos. Salinas León, Roberto. 2003, México, México

[8] [8] *El mito del “gasto social”: Transformación presupuestal sin adjetivos. Salinas León, Roberto. 2003, México, México

[9] *Impuestos, Datos y Hechos. Caminos de la Libertad, 2016, México, México.

[10] Armando Regil – http://eleconomista.com.mx/foro-economico/2016/08/30/ellos-se-endeudan-nosotros-pagamos